Arabia Saudita cerró el año con 330 ejecuciones, la cifra más alta en décadas. Estas penas de muerte, según el gobierno saudí, se aplicaron a personas acusadas de homicidio, violación o narcotráfico. Este alarmante incremento, verificado por la ONG Reprieve y Reuters, marca un notable aumento en comparación con los 172 casos registrados en 2022 y los 196 de 2021. Reprieve afirma que esta es la cifra más alta documentada hasta ahora.
Mientras tanto, el país intenta proyectar una imagen modernizada y atractiva como parte de su plan Visín 2030, liderado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman (MbS). Este programa pretende diversificar la economía saudí y transformar al reino en un centro de turismo y entretenimiento, dejando atrás las estrictas restricciones religiosas y el historial de abusos a los derechos humanos. Sin embargo, las cifras recientes de ejecuciones reflejan una contradicción entre esta narrativa progresista y la realidad de un sistema legal que sigue imponiendo severos castigos.
Estas ejecuciones estuvieron vinculadas principalmente a homicidios, violaciones y el narcotráfico, en un contexto de creciente tráfico de anfetaminas desde Siria, bajo el régimen de Bashar al-Assad. Más de 100 de los ejecutados eran extranjeros provenientes de Oriente Medio, África y Asia, lo que subraya el impacto global de estas políticas.
Desde que MbS tomó el poder mediante un golpe de Estado en 2017, su gobierno ha enfrentado críticas internacionales, especialmente tras el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en 2018. Si bien MbS admitió ser el responsable final del caso debido a su posición de líder, Arabia Saudita sostiene que el crimen fue cometido por un grupo rebelde. Este incidente provocó una crisis diplomática con gobiernos occidentales, aunque algunos, como Estados Unidos, han adoptado posturas más pragmáticas en años recientes.
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Históricamente, Arabia Saudita realizaba ejecuciones públicas mediante decapitaciones en plazas. Hoy, esos espacios han sido transformados en centros de esparcimiento, en un intento de borrar vestigios de su pasado violento. Sin embargo, en una entrevista con The Atlantic en 2022, MbS declaró que la pena de muerte solo se aplica en casos de asesinato, justificándolo con preceptos del Corán.
Impacto para América Latina:
La aplicación de medidas severas contra el narcotráfico y el crimen organizado en Arabia Saudita podría ofrecer lecciones para países de América Latina que enfrentan altos niveles de delincuencia y corrupción. En particular, la coordinación transnacional para combatir el tráfico de drogas y la implementación de sistemas legales más estrictos podrían ayudar a disuadir a las redes criminales. Además, el control de la corrupción a través de la modernización institucional y el fortalecimiento del estado de derecho son elementos clave que podrían ser adaptados a contextos locales. Sin embargo, es crucial que estas iniciativas respeten los derechos humanos y promuevan soluciones integrales, enfocándose también en la prevención y la rehabilitación.
La disparidad entre las ambiciones modernizadoras de Arabia Saudita y su récord de ejecuciones plantea dudas sobre la autenticidad de su transformación. Mientras el reino busca redefinir su identidad en el escenario global, sus prácticas legales siguen arraigadas en tradiciones severas. Este dilema evidencia los desafíos internos de un país en plena transición y las tensiones entre el cambio y las tradiciones.
