A ocho años de las elecciones presidenciales que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca, resurgen denuncias que apuntan a una supuesta conspiración desde las más altas esferas del gobierno de Barack Obama para socavar su llegada al poder. El tema, lejos de cerrarse, ha recobrado fuerza en sectores conservadores que insisten en que hubo un intento deliberado de manipular el aparato de inteligencia estadounidense con fines políticos.
Una de las voces que ha avivado esta controversia es la de la excongresista demócrata Tulsi Gabbard, quien en diversas entrevistas y foros ha denunciado lo que considera un uso indebido del poder estatal para frenar la voluntad popular expresada en las urnas.
Desde el equipo editorial de Política Lokal, presentamos una mirada a los hechos, los documentos citados, el contexto posterior a la victoria de Trump y las implicaciones institucionales que todavía generan divisiones en la política de EE.UU.
¿Qué se denuncia y quién lo sostiene?
Diversos medios conservadores y voces políticas críticas al Partido Demócrata han sostenido por años que el expresidente Obama y miembros de su administración habrían utilizado al FBI, la CIA y otras agencias de inteligencia para iniciar una campaña de descrédito contra Donald Trump, incluso antes de que asumiera oficialmente el poder.
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El eje de esta narrativa se centra en:
La reunión del Consejo de Seguridad Nacional el 9 de diciembre de 2016, presidida por Obama.
La elaboración urgente de un informe sobre presunta injerencia rusa en las elecciones.
El uso del controversial Steele Dossier, documento cuya fiabilidad fue ampliamente cuestionada.
Tulsi Gabbard, exmilitar y política de línea independiente, ha sido una de las figuras que más directamente ha señalado que este proceso representó una forma de «subversión institucional». Sin embargo, no ha ocupado ningún cargo actual en inteligencia nacional, ni ha presentado denuncias formales con respaldo judicial que lo sustenten.
La interferencia rusa
En 2023, el fiscal especial John Durham concluyó una investigación sobre el origen de la llamada “trama rusa” (Russiagate). Su informe criticó duramente la actuación del FBI por abrir una investigación sin fundamentos sólidos, pero no afirmó que se tratara de un golpe de Estado, ni responsabilizó directamente a Obama o su gabinete.
Entre las observaciones más importantes del informe Durham:
La apertura de la investigación Crossfire Hurricane contra la campaña de Trump fue apresurada.
El Steele Dossier, usado como base para solicitudes de espionaje, contenía elementos falsos o no verificados.
No se encontró prueba concluyente de colusión entre Trump y Rusia.
Estos hallazgos fortalecieron la percepción, en sectores republicanos, de que se trató de una operación política para frenar el ascenso de Trump.
Los medios más alineados con el Partido Demócrata, como The Washington Post o CNN, han defendido la actuación de las agencias de inteligencia, señalando que su deber era investigar cualquier posible amenaza extranjera al sistema democrático estadounidense.
Por otro lado, portales conservadores como Fox News o Judicial Watch han insistido en que hubo una conspiración para impedir que Trump gobernara libremente, y que figuras como James Comey (exdirector del FBI) actuaron por motivaciones ideológicas más que legales.
Tulsi Gabbard, en sus intervenciones recientes, ha llamado a una «rendición de cuentas» y ha sugerido que la democracia estadounidense está en riesgo si no se investiga a fondo lo ocurrido.
Este episodio refleja un patrón cada vez más frecuente: el uso del aparato del Estado como herramienta política, ya sea real o percibida. La línea entre seguridad nacional, inteligencia y estrategia partidaria parece difuminarse peligrosamente en contextos polarizados como el de Estados Unidos.
La acusación de golpe de Estado —aun cuando no se haya formalizado legalmente— revela una profunda crisis de confianza en las instituciones, particularmente en momentos donde los discursos extremos ganan terreno tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político.
El caso Trump-Obama-Inteligencia continúa siendo un campo minado en el debate público estadounidense. Aunque no existe un fallo judicial que respalde la existencia de un golpe de Estado, la persistencia de esta narrativa refleja algo más profundo: la erosión de la confianza entre ciudadanos e instituciones.
En tiempos donde la información se viraliza antes de verificarse, y donde las élites políticas se acusan mutuamente de subversión.
