El municipio de Santo Domingo Este, actualmente reconocido oficialmente como “Costa del Faro”, se ha convertido en un punto focal del debate sobre la migración irregular en la República Dominicana. La presencia de miles de personas indocumentadas, mayoritariamente de origen haitiano, plantea retos que van más allá de lo político: afectan la convivencia social, la distribución de recursos públicos y la gobernanza local. En medio de discursos polarizados, este fenómeno requiere una visión de centro: con firmeza institucional, pero también con humanidad.
La migración irregular crea una franja poblacional invisible para el Estado. Sin documentos, estas personas no figuran en el sistema de salud, en el padrón escolar, ni en los registros de seguridad. Esto no solo vulnera sus derechos, sino que limita la capacidad del gobierno local para planificar y responder. Aunque no debe criminalizarse al migrante por su estatus, sí es necesario exigir al Estado mecanismos eficaces de control y regularización.
En algunas zonas del municipio, residentes han reportado un aumento de delitos menores y conflictos comunitarios, lo que refleja un creciente malestar social, muchas veces vinculado más al abandono del Estado que a la presencia migrante en sí misma.
Costa del Faro es uno de los municipios con mayor densidad poblacional del país. El crecimiento urbano desorganizado y la falta de planificación previa agravan los efectos de una llegada masiva de personas sin documentación. Hospitales, escuelas y servicios básicos están desbordados, y los gobiernos locales carecen de recursos suficientes para atender a toda la población.
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En este contexto, la solidaridad debe ir de la mano con la responsabilidad institucional. Es inaceptable que el peso de una política migratoria ineficaz recaiga exclusivamente sobre los municipios más poblados y empobrecidos del país.
En el mercado laboral, muchos indocumentados son absorbidos por sectores informales, lo que genera tensiones con los trabajadores locales que cumplen con las leyes. Esta dinámica crea una competencia desigual y favorece la evasión de responsabilidades por parte de empleadores. Sin embargo, también refleja una falla sistémica: la falta de fiscalización laboral y la ausencia de incentivos para la formalización del empleo.
Hacia una Respuesta Institucional
La situación migratoria en el municipio Costa del Faro exige una respuesta específica, enfocada en su realidad territorial. Aquí no se trata de aplicar recetas generales, sino de atender un contexto urbano denso, socialmente frágil, y con servicios públicos al borde del límite. Las soluciones deben surgir desde lo local, con apoyo del gobierno central, pero articuladas con las necesidades del territorio.
Costa del Faro necesita urgentemente un plan de ordenamiento urbano adaptado a su nueva realidad demográfica. El crecimiento informal, la densificación de barrios periféricos y la presión sobre servicios básicos requieren inversión planificada y datos actualizados. Las autoridades locales, en coordinación con la Oficina Nacional de Estadísticas y el Instituto Cartográfico, deben tener un censo claro de quiénes habitan cada zona, documentados o no.
La municipalidad no puede enfrentar sola los desafíos que impone la migración irregular. El gobierno central debe asignar recursos específicos a Costa del Faro, bajo la figura de “municipio de alta presión poblacional”. Esto permitiría reforzar la red sanitaria, educativa y de servicios básicos, sin afectar la atención que merece la población dominicana residente.
Aunque las políticas migratorias son de competencia nacional, en Costa del Faro se podrían habilitar oficinas móviles o unidades especiales de orientación migratoria, con apoyo de Migración y organizaciones civiles, que ofrezcan procesos claros de documentación, orientación legal y mediación comunitaria. Esto disminuiría la tensión social, regularía el empleo informal y permitiría mejorar la convivencia en los barrios.
Es clave evitar que los conflictos derivados de la presión poblacional se traduzcan en discursos de odio o estigmatización. Campañas locales de educación cívica, mediación barrial y convivencia multicultural pueden ayudar a prevenir tensiones mayores, sobre todo en escuelas y centros comunitarios. La Alcaldía, iglesias y juntas de vecinos tienen aquí un rol estratégico.
Costa del Faro no puede ser visto solo como un receptor de población migrante, sino como un espacio urbano que requiere apoyo estructural y políticas inteligentes. Fortalecer el municipio es fortalecer la gobernabilidad nacional. Y eso comienza reconociendo su papel clave en la gestión migratoria desde una mirada organizada y territorial.
